MARIANO RUIZ-FUNES: REPÚBLICA Y EXILIO

Autora: Beatriz Gracia Arce.

La figura de Mariano Ruiz-Funes (Murcia, 1889), representa un ejemplo claro del modelo republicano que se intentó implantar hace 90 años. Una República que quiso profundizar en los valores democráticos y sociales, fundamentados en la idea de progreso, la reforma agraria, la reforma educativa y la desvinculación de la Iglesia-Estado, elementos que habían sido el núcleo fundamental del republicanismo en España desde la proclamación de la Primera República y que en los inicios del Siglo XX, converge con los nuevos postulados y corrientes que surgen de los movimientos críticos con el Régimen de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera. Consideramos que es una figura extremadamente relevante, ya que desde su condición de jurista jugó un papel fundamental en la construcción legal de la II República.

Sus inicios como penalista se dieron en el mismo periodo en el que se fundaba la Universidad de Murcia, con su obra Derecho Consuetudinario y Economía popular en la Provincia de Murcia, que dentro de la corriente iniciada por Joaquín Costa, conectaba con el elemento más primitivo de derecho: el derecho consuetudinario, que difería de la idea del derecho liberal, pero que constituía una crítica al sistema político –el de la Restauración- claramente debilitado y alejado de la realidad del país. Este trabajo era pionero en cuanto al método de trabajo para el que empleó entrevistas a personas de distintas localidades, que además se tradujo en un fuerte conocimiento de las necesidades que algunas zonas tenían en materia de salud laboral. La elaboración de este trabajo, que constituyó su tesis doctoral, le abrió la mente a esa “cuestión social” que representaba uno de los temas claves que debía afrontar el país para la construcción de un Estado verdaderamente democrático.

Como en otras disciplinas, la I Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Rusa, pero también la mexicana, marcó decisivamente el desarrollo de esta generación, pues estos elementos variaron totalmente la deriva de Europa a la que Ruiz-Funes siempre miró como referente claro. Su conexión con las ideas y problemas más allá de los Pirineos estuvieron siempre presentes en el primer tercio del siglo por medio de su colaboración en la obra de extensión universitaria de la Universidad y también del Círculo de Bellas Artes de Murcia, donde se debatió sobre las consecuencias de la I Guerra para Alemania, la ocupación del Ruhr. Esta conexión se vio claramente en El derecho penal de los soviets, la que es una de las primeras obras que abordan el derecho penal soviético desde una crítica liberal. 

Los cambios que se dieron en los años veinte en España propició el compromiso de Mariano Ruiz-Funes para la instauración de un verdadero régimen democrático, oponiéndose a la Dictadura de Primo de Rivera y afiliándose muy tempranamente a Izquierda Republicana. 

Con el triunfo republicano en abril de 1931, Mariano Ruiz-Funes será nombrado miembro de la comisión redactora de la Constitución republicana encargándose de los Títulos I, VII, VIII, IX, este último referente a la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, que tenía que velar por el cumplimiento de la constitución.

Su importante trayectoria como penalista fue clave para que delegaran la responsabilidad de la defensa en el parlamento de Leyes tan relevantes como la Ley de Congregaciones religiosas, ley insignia con uno de los propósitos claros en pro de la secularización del Estado en una idea que siempre defendió Ruiz-Funes, que hasta ese momento el Estado Liberal en España era un proceso frustrado e incompleto. De la misma forma, participó en la redacción del Estatuto de Cataluña marcando las atribuciones (o competencias) de la Generalitat. Estos dos elementos clave nos permiten subrayar el carácter reformista y modernizador que se va a imprimir en el primer gobierno republicano con iniciativas como la Reforma del ejército, agraria, el impulso a la educación pública o la aprobación del derecho a voto de la mujer, que Mariano Ruiz-Funes apoyó, de lo que Clara Campoamor alabó su coherencia al votar en sentido contrario a su grupo político, valoró así la acción de Ruiz-Funes: 

“Ruiz-Funes fue más lógico en su conducta que en sus palabras, porque, en contra de su propia minoría, votó la concesión del sufragio a la mujer, sin limitaciones ni aplazamiento. (…) Más lógico en su conducta, porque a él, que tan claramente acusaba imposibilidad de establecer desigualdades una vez votado el artículo 23 ¿cómo podía ocurrírsele que en una ley electoral, de rango secundario a la constitución, podía mantenerse una desigualdad por sexo que le parecía inadmisible en la ley fundamental?”.

Su obra política en este periodo fue de la mano del avance en su obra como jurista, en la que profundizó en los valores humanistas y democráticos del derecho, como fue el caso de su obra “Progresión histórica de la pena de muerte”, que se nutrió de los potentes debates que se llevaron a cabo en el proceso de redacción de la Constitución republicana con el fin de la abolición de la pena de muerte en España, restringida esta únicamente al ámbito militar, como así fue aprobada. 

Duramente cuestionado por su defensa en el Congreso de la Ley de Congregaciones religiosas y tras el gobierno radical-cedista, en el cual se volcó más en su trabajo como jurista, destacando la defensa legal del gobierno de la Generalitat realizada tras la proclamación del Estado catalán en 1934.

La necesidad de que Ruiz-Funes fuera elegido diputado en las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936, después de las reticencias que generó en Murcia con motivo de la Ley de Congregaciones, el penalista concurrió a las elecciones por la circunscripción de Bilbao.

Su papel durante el gobierno del Frente Popular fue fundamental. Nombrado Ministro de agricultura, reactivó el desarrollo de la Ley de Reforma agraria. En la primavera de 1936 comenzaron a tomar medidas de las reclamadas, entendidas como la continuación de las puestas en marcha en el primer bienio, pero intentando dotarlas de una menor burocratización que permitiera una aceleración de la Reforma. En este sentido, el 3 de marzo Ruiz-Funes aprobó un decreto destinado a los yunteros extremeños, para resolver los desahucios realizados por el anterior gobierno. Esta primera medida nos permite tomar el pulso de los discursos que confluían en el tiempo y que se van a distanciar mucho más conforme se vaya avanzando, ya que ante esta primera acción, vemos que el gobierno no dejaba de cumplir una de las promesas electorales, pero por parte de las organizaciones obreras, calificaron esta acción como tímida, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo se desarrolló el mes de marzo de 1936, y el continuo pulso entre las reivindicaciones obreras y la labor institucional del gobierno frentepopulista. Si el 3 de marzo se aplicaba esta medida, la más urgente por la situación de los yunteros, sólo unos días después Ruiz-Funes daba un decreto para reanudar la Ley agraria de 1932, con la excepción de dejar a través del decreto de 20 de marzo el decreto de utilidad social de la tierra, matizando que sería posible la ocupación de tierras de carácter temporal por dicha razón. Esto es clave para Ruiz-Funes, quien será muy hábil en utilizar la ley como herramienta: una ley ya aprobada para dar un recorrido más largo a la Ley agraria del 32, que si recordamos se vio, por cuestiones de alianzas inestables, incapaz de incluir la expropiación con carácter social, pero ahora gracias al artículo de la Ley de contrarreforma del 35 que, como señalamos, no se aplicó, era en ese instante una herramienta decisiva para reforzar la profundidad de la Reforma agraria. La pugna entre organizaciones obreras y el gobierno, que mencionábamos más arriba, no tardó en verse precipitada –posiblemente- por la legalidad de las ocupaciones temporales: las organizaciones obreras, primero en Extremadura, después en otras zonas del país, llevaron a cabo una ocupación masiva de tierras, que el Ministerio resolvió legalizando, evitando llegar a la actuación del ejército. Superada esta crisis, el trabajo en pro de la Reforma agraria por parte de Mariano Ruiz-Funes no había hecho sino comenzar. El 16 de abril de 1936 Ruiz-Funes derogaba la Ley de Reforma agraria de 1 de agosto de 1935, ponía en vigor la del año 1932 y presentaba en el Congreso un Proyecto de ley de Bases de Reforma agraria que tenía como ejes vertebradores: incluir un artículo sobre la ocupación temporal por causa social, especificar la adquisición de propiedad de arrendatarios y aparceros, revisión de los desahucios de fincas rústicas, y, el punto más ambicioso, el rescate y adquisición de bienes comunales.

El Golpe de Estado obligó a la reorganización del gobierno y reconstrucción de las instituciones republicanas en guerra. Uno de los papeles que le tocó desempeñar al penalista con su nombramiento como Ministro de Justicia, fue el regular la propia justicia de guerra y sentar las bases de los Tribunales Populares que pusieran freno a la violencia arbitraria de los primeros momentos del conflicto.

Tras los Sucesos de mayo de 1937, el gobierno republicano necesita luchar por el apoyo y recursos internacionales, es en este momento cuando se piensa en la figura de Ruiz-Funes como diplomático, lo que lo llevará a Varsovia, donde trabajó junto a Jiménez de Asúa por conseguir armas para la República. De allí fue enviado a Bélgica como embajador, con el fin de atraerse a las democracias europeas. Además de ello, la embajada belga se convirtió en el núcleo que vertebró la ayuda humanitaria y la salida de los niños y niñas que estuvieron allí refugiados hasta el fin de la guerra. Según los datos recogidos por Ruiz-Funes, en Bélgica había 4.500 niños refugiados, dependientes de la Cruz Roja Internacional, Grupo de Defensa de la República, P.O.B, Home Belga vasco, etc. Con respecto a esta infancia exiliada, la labor de Ruiz-Funes, en contacto con el Ministro de Estado, fue la de intentar garantizar, jurídicamente, la tutela de estos niños.

Finalizada la guerra, Mariano Ruiz-Funes, pudo marchar de Bélgica en un carguero de carbón  llegando a Nueva York, donde los recibió Francisco García Lorca, que había sido compañero de Mariano Ruiz-Funes en la embajada española en Bélgica durante la Guerra civil. Desde esta escala neoyorquina se trasladaron a Cuba, pues habían reclamado al penalista para impartir una serie de conferencias. Será desde la isla caribeña desde donde tramita su traslado a México.

Su exilio en México estuvo marcado por su compromiso con el Gobierno republicano en el exilio, del que formó parte, su labor como intelectual comprometido que luchó hasta el final por mantener viva a la República y su legitimidad como gobierno. Un ejemplo de ello es su papel en la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero, que aglutinó al profesorado de sensibilidad republicana que tuvo que marchar al exilio tras el fin de la guerra, sobre quienes pesaba –en muchos casos- pena de cárcel, muerte y la depuración de su cargo como profesores, como era el caso de Mariano Ruiz-Funes. Mariano Ruiz-Funes participó en la Reunión de Profesores de la Habana con una ponencia titulada “El régimen actual de España”: en ella consideraba el régimen de Franco como ‘golpe de estado internacional’, y señala al dictador como ‘Caudillo’, acepción comparada por Ruiz-Funes con otros conceptos afines, como Führer o Duce.

La declaración de La Habana (1944) suscribe la causa de las Naciones Unidas, y hace honor a los valores antibelicistas adoptados por el gobierno republicano que en su Constitución ‘renunció a la guerra como instrumento político y exaltó la primacía del tratado internacional sobre la ley nacional, defendió la seguridad colectiva y condenó las agresiones imperialistas’. Los universitarios españoles, señaló Ruiz-Funes en su ponencia, proclaman ‘el derecho soberano de España a autodeterminar su forma de gobierno, sin extrañas presiones, y a la habilitación de un organismo de liberación de los españoles que integran una emigración forzosa’. Esta declaración nos muestra un posicionamiento intelectual claro y contundente que, por medio de una crítica constructiva al régimen, busca construir una nueva España, democrática y libre.

La llegada de Mariano Ruiz-Funes al exilio mexicano le permitió la continuación de su prolífica obra jurídica que siguió las líneas fundamentales que hasta el momento había desarrollado como es el delito político y ante la nueva situación que abrió la II Guerra Mundial profundizó en la figura jurídica de “crimen de guerra”, el concepto de genocidio y la justicia nacida de la posguerra mediante el análisis de los juicios de Núremberg.

El conocimiento profundo de este nuevo delito tipificado a nivel internacional y la experiencia que había sufrido Ruiz-Funes años antes en España, que eran la causa de su exilio, llevó a Ruiz-Funes a insistir que “Lemkin habla de los subproductos del genocidio, los refugiados y los desposeídos”, y es desde aquí, desde su propia realidad vivida como refugiado, desde donde lanza su hipótesis de que el régimen de Franco comete genocidio. En diciembre de 1949 escribió al respecto:

“El régimen tiránico que tiene sojuzgado al pueblo español continúa persiguiendo, con saña, a cuantos no le prestan acatamiento servil. Los datos recogidos por diversas organizaciones políticas y sindicales españolas, coinciden en que las personas asesinadas después de terminada la guerra (…). Intelectuales y obreros, republicanos, socialistas y anarquistas, sacerdotes católicos y pastores protestantes, militares leales a sus juramentos y policías en concepto de dignidad; en una palabra todo cuanto representa valor positivo en una nación, han sido perseguido, atormentado, encarcelado, cuando no destruido”.

El penalista murciano explicó que todo este sistema de persecución sistemática al contrario político del régimen franquista, se ha fundamentado en la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que no es “imparcial, es de carácter retroactiva, y no respeta la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas”, además de añadir que antes de la promulgación de la ley en 1940, se desarrolló “una persecución de facto contra sus afiliados que se inicia a partir de la rebelión militar y de la guerra consecutiva”, por lo que lanza la siguiente acusación:

“Acusamos al General Franco Bahamonde, a su gobierno, a los que le precedieron al actual bajo su jefatura, a los que son o hayan sido miembros del Tribunal de Represión contra la masonería y el comunismo, a los funcionarios de la policía que forman o han formado las Brigadas Especiales anti-masónicas, al Partido Falange Española y a cuantas podamos demostrar en su día su acción persecutoria”.

Mariano Ruiz-Funes mantuvo su lucha por los Derechos Humanos y la República hasta sus últimos días que, como relataron sus hijas, para él siempre siguió existiendo aquella España republicana arrebatada por el golpe militar. Noventa años después es fundamental el conocimiento del progreso político y social del periodo republicano y lo que supuso los estudios de juristas como Ruiz-Funes que sentaron las bases de la legislación humanitaria actual.