ENSEÑANZA PRE-REPUBLICANA, REPUBLICANA Y FRANQUISTA (I Parte)

Autora: Pepa Martínez López

Maestra y miembro de la Memoria Histórica de Cartagena

De la Ley Moyano a la dictadura de Primo de Rivera

Hace unos años fui publicando en mi blog, bajo el término genérico “EDUCACIÓN, UN PROBLEMA SIN RESOLVER” diez capítulos acerca de los distintos sistemas educativos en nuestro país que habían tenido lugar entre la Ley Moyano y la de Villar Palasí. Y sin resolver permanecerá hasta que seamos capaces de llegar al necesario consenso que establezca las premisas del tan necesario pacto educativo que fortalezca, de una vez por todas, uno de los más importantes pilares sobre los que asentar el edificio de una sociedad moderna, de una sociedad democrática, en la que la justicia, la igualdad de oportunidades, surjan como consecuencia de un estado volcado en la apasionante tarea de procurar la accesibilidad a la Cultura y el desarrollo de la educación igualitaria como absoluta prioridad.

Cuando veo el enorme lazo naranja, símbolo del rechazo de los centros educativos concertados a la ley educativa del actual gobierno central, o leo acerca de las intenciones del actual gobierno regional de implantar el llamado “PIN parental” o de ampliar las prebendas a las empresas de enseñanza concertada, a costa del deterioro de la Enseñanza Pública, no puedo menos que evocar nostálgicamente aquellos años, no tan lejanos, de florecimiento de los Movimientos de Renovación Pedagógica en nuestro país, esa etapa de brillante experimentación y renovación en las escuelas en que miles de maestros y maestras nos implicamos en el convencimiento que nos encontrábamos ante el amanecer de una nueva etapa de florecimiento de la Enseñanza y la Cultura, de la que solamente se podría seguir caminando hacia delante, en dirección al progreso, sin que hubiera lugar a tantos y tan grandes retrocesos como, mal que nos pese, hemos ido sufriendo.

En este ejercicio de memoria retrocedo hasta el verano de 1979, cuando se celebró en Espinardo la II Escuela de Verano de la Región Murciana, aquélla en la que, entre los ponentes, se encontraba la eminente pedagoga Marta Mata, que se dirigió al público en una conferencia comenzando por decir que, mientras que en Francia, al promulgarse la ley de Obligatoriedad de la Enseñanza, salió, al mismo tiempo, de las arcas del estado el dinero necesario para los ladrillos y el cemento para la construcción de las escuelas, cuando en España se decretó la Enseñanza Obligatoria, se ubicaron las escuelas en antiguas cuadras y almacenes, y que la ley resultó insuficiente por la escasez del presupuesto. Habló también sobre las excelencias de la consecuencia de la laicidad de la Educación en el país vecino, y de la tara que en el nuestro había siempre supuesto la omnipresente tutela de la jerarquía eclesiástica en el Sistema Educativo.

Pero no siempre ha sido así a lo largo de nuestra historia, y una honrosa excepción la constituye la Ley promulgada en 1857, más conocida por Ley Moyano. Por primera vez en España se decreta la obligatoriedad de la Enseñanza Primaria, y se da un primer paso hacia la secularización de la Escuela.

LA LEY MOYANO

“48 MINISTROS PARA UNA SOLA LEY”

Esta ley quedó obsoleta con el paso del tiempo: un sistema que establecía la obligatoriedad de la enseñanza durante un período de sólo tres años no podía ser durante mucho tiempo, por más que hubiera supuesto un primer e importante paso,  el instrumento adecuado para la modernización de un país. Sin embargo, fue el fundamento del ordenamiento legislativo del sistema educativo español durante más de 100 años, pues los cambios y mejoras en educación llevados a cabo durante las primeras décadas del siglo XX, fueron ignorados por el franquismo, que mantuvo la vigencia de la normativa de 1857 hasta que, en 1970, con Villar Palasí, se estableció una Enseñanza Primaria Obligatoria que abarcaba un amplio abanico de edades y ponía, aunque limitados, los medios para la gratuidad.

Volviendo a la Ley Moyano, que es la que nos ocupa: En 1857, el gobierno moderado impulsó una Ley Reguladora de la Enseñanza, que  incorporó una gran parte del Proyecto de Ley de Instrucción Pública del 9 de diciembre de 1855, proyecto que había sido elaborado durante el Bienio Progresista por el ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez.

ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA EN TRES NIVELES GRATUITA PARA QUIENES NO PUDIERAN PAGARLA

Se trataba de una recopilación de decretos y normas con el fin de acabar en España con las altísimas tasas de analfabetismo, que la tenían ubicada en uno de los últimos países europeos en lo que a instrucción se refería.

La decretada gratuidad de la enseñanza no se hizo realidad siempre en todos los lugares, ya que la puesta en práctica de la norma dependía de la iniciativa municipal, o privada según los casos.

LOS MAESTROS SE FORMABAN EN LAS ESCUELAS NORMALES Y SE ESTABLECIÓ ACCESO POR OPOSICIÓN A LOS CATEDRÁTICOS DE INSTITUTO

La Enseñanza Secundaria tenía carácter opcional y se estableció un currículo de Bachillerato, que permaneció estable hasta 1870, cuando se suprimió el grado de bachiller universitario, para conferirse en los institutos. También desapareció la diferencia entre institutos de primera y segunda clase.

Se decretó que los maestros tenían que formarse las Escuelas Normales de Magisterio, estableciéndose una en cada capital de provincia, y ubicándose en Madrid la sede de la Escuela Central. Para el catedrático de instituto se estableció un sistema de oposiciones de acceso.

Se permitía la enseñanza privada en los colegios religiosos, a los que se confirió especial consideración, y el Estado se reservó la gestión de las universidades, en las que debía impartirse la Enseñanza Superior.

Más adelante, en 1887, la administración central se hizo cargo de los costes de los institutos, que, hasta entonces, habían sido afrontados por los municipios y las diputaciones.

Fue a partir de aquí donde comenzó el proceso de regeneración de la educación española.

SE CREA EL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El siglo XX nos trajo una configuración diferente de las enseñanzas y la creación por primera vez del Ministerio de Instrucción Pública, durante la regencia de Mª Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII, siendo su titular, desde abril de 1900 hasta marzo de 1901, el murciano Antonio García Alix.

A imitación de Francia, que desde 1824 contaba con un ministerio encargado exclusivamente de la enseñanza, en España, siendo el Presidente del Consejo de Ministros Francisco Silvela, por Real Decreto de 18 de abril de 1900 se creó por primera vez un ministerio específico para la educación, que calcó su nombre del francés: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, dejando desde ese momento de ser el Ministerio de Fomento el encargado de su gestión.

En el real Decreto, en la exposición de motivos para la creación de este organismo, se deja entrever que los desastres del 98 estaban ya superados y se había logrado una reconstitución financiera que hacía posible afrontar nuevos retos económicos, como la creación de este nuevo organismo, y se establecen todas las competencias del ministerio, que, se expone: “entenderá en lo relativo a la enseñanza pública y privada en todas sus diferentes clases y grados, en el fomento de las ciencias y de las letras, Bellas Artes, Archivos, bibliotecas y museos”.

Tras el articulado, se adjunta el presupuesto de gastos para el año 1900, desde el sueldo del Ministro, inspectores y personal docente de los tres niveles de enseñanza (Primaria, Secundaria y Superior), hasta el dedicado a construcciones.

REFORMAS EDUCATIVAS ENTRE 1900 Y 1931

Una vez nombrado ministro Antonio García Alix promovió intrascendentes cambios, que respetaron la esencia de la ley, y posteriormente, a lo largo de 1903, tres nuevas reformas tendrán lugar; la más importante, la del Conde de Romanones, que crea una nueva figura: la de los institutos técnicos, y las dos posteriores, destinadas a incrementar exageradamente los contenidos del currículo y el número de exámenes y asignaturas.

A partir de aquí, y hasta el momento de la instauración de la II República, debemos destacar, por su enorme importancia, dos hechos en materia de enseñanza: La creación del Instituto Escuela y la reforma de 1926.

La creación del Instituto Escuela se debe a una iniciativa  pública de sabor privado. Se creó en Madrid, en 1918, como un experimento educativo para extender a la enseñanza secundaria oficial los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. Su importancia radica en el establecimiento de la investigación y la formación del profesorado como actividades de Enseñanza Media, lo que supuso un revulsivo en cuanto a concepción y metodología en este nivel.

En cuanto a la reforma de 1926, concebida por el ministro Callejo de la Cuesta, lo más relevante fue la creación del Bachillerato Elemental y la eliminación del examen de conjunto para establecerlo por asignaturas.

Pocas reformas para un período de tiempo tan amplio como el comprendido entre 1900 y 1931, sobre todo si tenemos en cuenta los continuados cambios de signo en los gobiernos y la frecuencia de cambio de titular en el Ministerio, pues durante los dos años que quedaban de regencia de Mª Cristina hubo dos ministros: uno conservador y uno liberal, y en el período del reinado de Alfonso XIII, previo a la dictadura de Primo de Rivera, el Ministerio cambió de manos en ¡¡¡42 ocasiones!!! Alternando los gobiernos liberal y conservador.

Fue el pacto de la alternancia lo que salvó al sistema educativo, al contrario de lo que ocurre en la democracia actual, en que cada cambio de signo en el gobierno trae consigo una nueva reforma educativa, y así nos luce…

Tampoco los cuatro ministros correspondientes a los ocho años de la dictadura entraron en grandes reformas, pues la ya citada del 26 no supuso ninguna conmoción, sino una mejora respecto a lo existente.

Todo lo contrario a lo ocurrido con las leyes educativas surgidas después de la dictadura franquista: 8 leyes educativas durante 42 años; y no se cambiaba de ley únicamente con el cambio de signo del gobierno, sino que incluso con gobiernos del mismo partido, éste se llegaba incluso a enmendar a sí mismo con el cambio de titular del Ministerio, como podemos ver a continuación:

1980	LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares)	UCD
1985	LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación)	PSOE
1990	LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Derecho Educativo)	PSOE
1995	LOPEG (Ley Orgánica de Participación y Gobierno de los Centros Docentes)	PSOE
2002	LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación)	PP
2006	LOE (Ley Orgánica de Educación)	PSOE
2013	LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)	PP
2020	LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE)	PSOE

LA ENSEÑANZA EN LA ETAPA PRE-REPUBLICANA

Con la instauración, en 1931, de la II República Española, se produce una auténtica revolución en el Sistema Educativo. El hecho de que un gobierno se dé a sí mismo el nombre de República de los maestros nos revela el empeño que la nueva forma de estado puso en la consecución de una nueva sociedad a partir de un nuevo sistema de enseñanza.

Pero la República no se inventó nada.

Cualquiera de las medidas adoptadas por las autoridades educativas tuvo su base en experiencias anteriores.

Hagamos, pues, una panorámica de las iniciativas pedagógicas y estructurales, tanto privadas como públicas, que tuvieron lugar entre los años 1900 y 1931, iniciativas de las que todavía nos queda bastante que aprender. 

No podemos hablar de lo que fue la educación republicana sin obviar la experiencia de la Institución Libre de Enseñanza, la tarea de los masones, la labor de la Universidad Popular, de los ateneos republicanos o de los ateneos populares o libertarios.

No son temas de los que se haya hablado con frecuencia, hasta hace poco, ni se hayan tratado a fondo en los estudios de anteriores planes de Magisterio; no, al menos, con la profundidad que se debería haber hecho.

En lo que se refiere a los maestros y maestras de mi generación, que cursamos los estudios durante el régimen franquista, se obviaban estas cuestiones, incluso en la asignatura de Historia de la Pedagogía. Así, en mi plan de estudios, en el texto de Consuelo Sánchez Buchón, que me correspondió estudiar, la enseñanza en España en los albores del siglo XX era tratada de una forma un tanto especial: por ejemplo, de Joaquín Costa y Giner de los Ríos nos decía que eran “dos pedagogos que preconizaban la enseñanza laica y la coeducación, y cuyas malsanas ideas fueron adoptadas por el sistema de enseñanza republicano”; también se hablaba de “don” Rufino Blanco, que “opuso el contrapunto neocatólico a la Institución Libre de Enseñanza y murió víctima de las hordas marxistas durante la gloriosa cruzada del 36”.

Pero no aprendimos nada acerca de las metodologías que defendía cada uno de ellos.

Un día, para mi sorpresa, apareció en las manos de una profesora un libro titulado “Vida y Educación en Joaquín Costa” y ante los sorprendidos oídos del alumnado explicó que, en la actualidad, se estaba reivindicando la figura de éste y otros pedagogos de la época, “al margen de su ideología política”.

Pero era ésta una de las pocas excepciones entre los adocenados profesores y profesoras de las Escuelas de Magisterio de la época, de unas Escuelas de Magisterio de las que procedíamos los primeros maestros y maestras que ejercimos durante la etapa de la Ley General de Educación, que salimos de las Normales a las aulas desconociendo lo que fue en su día la Institución Libre de Enseñanza, y que lo fuimos aprendiendo después, en nuestras lecturas, en las reuniones de los movimientos de renovación pedagógica, o en las escuelas de verano de las décadas de los setenta y ochenta…

Hubo un considerable sector del Magisterio de la época que, ajeno a cualquier intento de renovación, continuó impartiendo las clases del mismo modo en que en su infancia las habían recibido, y que nunca llegó a saber, entre otras cosas, que la Institución Libre de Enseñanza desempeñó, un siglo antes, una labor fundamental en la renovación de la vida intelectual del país.

Fue en 1876 cuando un grupo de catedráticos se negó a ajustar sus enseñanzas a cualquier dogma religioso, moral o político y fue separado de la Universidad Central de Madrid por defender la libertad de cátedra. Este grupo, integrado entre otros por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate, Teodoro Sáinz Rueda y Nicolás Salmerón, obligado a proseguir su tarea educativa separados de la enseñanza oficial, fundó un centro educativo privado y laico, inspirándose en la filosofía Krausista, siendo apoyado en su proyecto por la flor y nata de la intelectualidad progresista española:  Joaquín Costa, Augusto González de Linares, Hemenegildo Giner, Federico Rubio y otros intelectuales de prestigio, comprometidos en la renovación cultural de la sociedad.

La Institución Libre de Enseñanza defiende la neutralidad religiosa y política y la independencia del estado y de cualquier religión o escuela filosófica.

Comenzó dedicándose a los niveles universitario y de secundaria, pero el gobierno se negó al reconocimiento oficial de los estudios cursados en el centro, por lo que tuvieron que prescindir de la enseñanza superior, limitándose a una escuela de niños, cuya metodología era la de la escuela activa y que dio primacía a la educación frente a la enseñanza.

Más adelante, comenzó la coeducación, a raíz de instaurar la escuela de párvulos.

La Institución apostó, en su ideario pedagógico, por una escuela neutra, tolerante y abierta a la realidad exterior, sin separación entre las enseñanzas primaria y secundaria, con enseñanza cíclica y en régimen de coeducación, donde la actividad personal y la experiencia creativa del alumno o alumna, utilizando diversas fuentes de aprendizaje, constituía el eje del trabajo escolar.

Aunque durante el franquismo no lo estudiamos, hoy sabemos que es imposible hablar de educación sin tener en cuenta la importante tarea de renovación cultural y pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza durante los siglos XIX y XX, una renovación sin precedentes hasta entonces en España, una labor que inspiró el programa educativo de la Segunda República, y que no murió con ella, sino que su estilo permaneció, a pesar de la fuerte oposición política y la incomprensión social, en el trabajo de una minoría de profesionales en casi total aislamiento en nuestro país, y en el quehacer de algunas instituciones educativas en Sudamérica.

Decisiva la creación, durante el reinado de Alfonso XII, de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para continuar la tarea de renovación cultural y pedagógica.

Desde 1907 hasta la guerra civil, fue esta junta la responsable de un desarrollo que hasta entonces no había sido alcanzado para la ciencia y la cultura españolas.

Bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal se desarrolló un programa muy activo de intercambio de profesores y alumnos y creación de becas para estudiar en el extranjero y se creó una serie de organismos de relevante importancia, como la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y el Instituto Escuela.

Este último surgió en 1918 con la intención de extender a la enseñanza secundaria oficial los principios pedagógicos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza, introduciendo, de manera paulatina, reformas en la enseñanza secundaria.

Entre su profesorado figuraron estudiantes de licenciatura que aspiraban al magisterio de enseñanza secundaria, con la función de aprender enseñando.

El Instituto Escuela fue pionero en la aplicación de pedagogías renovadoras de carácter activo, incorporando la participación de los alumnos en el propio proceso de aprendizaje, sustituyendo por la evaluación continua los exámenes finales y limitando a treinta por grupo el número de alumnos.

Su experiencia influyó en la creación de institutos en Barcelona, Sevilla y Valencia, seguidores de los mismos principios, y en la legislación educativa del primer bienio republicano.

Paralelamente a estas experiencias habría que destacar la tarea educativa llevada a cabo por los diferentes ateneos, por algunas sociedades vinculadas a la masonería o por la Universidad Popular.

Así, cuando las autoridades educativas republicanas elaboran el nuevo sistema educativo, no parten de cero, sino que se inspiran en los principios emanados de las instituciones que, a título privado o público habían comenzado su labor de renovación pedagógica y de fomento de la cultura desde casi un siglo anterior a la llegada de la II República.

El mérito del gobierno republicano no residió en crear nada nuevo, sino en recoger lo mejor de lo que ya existía.

LAS REFORMAS EDUCATIVAS DE PRIMO DE RIVERA

No es muy conocida la situación de la Educación durante el tiempo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es mayor el conocimiento que se tiene acerca del sistema educativo durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, y de las experiencias pedagógicas llevadas a cabo durante ese período, pasando de puntillas por la situación de la enseñanza  en tiempos de Alfonso XIII para, a continuación, sumergirse en el apasionante estudio de la educación durante la II República.

Pero en un recorrido por la educación desde la ley Moyano hasta nuestros días, no podemos obviar este breve período, ni la influencia de las medidas que adoptó.

El 13 de septiembre de 1923, con el apoyo de diversos sectores conservadores y la aquiescencia del rey, dio un golpe de estado suspendiendo la constitución de 1876 prohibiendo la libertad de prensa, disolviendo el Gobierno y el Parlamento, e implantando un régimen dictatorial dirigido por un directorio militar.

Los noventa días, como tiempo necesario para la regeneración del país que prometió Primo de Rivera que duraría la dictadura, se convirtieron en seis años y cuatro meses. La promesa de la brevedad de su mandato y el desprestigio en que había caído la monarquía de Alfonso XIII, unido a la proclamación que el militar hiciera de su inspiración en los regeneracionistas (como Joaquín Costa) y su propósito de la eliminación del caciquismo, hicieron que la oposición a la dictadura fuera mínima, y contara con la colaboración de los socialistas.

LA DICTADURA PRIMORIVERISTA, ENEMIGA DECLARADA DE LOS INTELECTUALES

Pero poco halagüeñas deberían ser las perspectivas para la educación por parte de un régimen que destacó enseguida por su constante conflicto con los intelectuales.

Así, las críticas de Miguel de Unamuno al régimen dictatorial le valieron ser destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y ser desterrado a Fuerteventura, y a continuación, varios catedráticos que se solidarizaron con él, entre quienes se hallaban Luis Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos y otros muchos intelectuales que apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios, protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar, encontraron la respuesta de la dictadura con la expulsión y destierro de varios de ellos, incluido Antonio María Sbert, el líder del movimiento estudiantil.

En las universidades, el régimen era impopular, y desde su cátedra, Ramón Menéndez Pidal se oponía a él, como Vicente Blasco Ibáñez, desde el exilio, y sus seguidores desde Valencia. También Ramón Mª del Valle Inclán, creador de Alianza Republicana. Se cerraron las universidades de Madrid y Barcelona, así como varios periódicos.

En contrapartida, contó con el apoyo de la iglesia católica, a la que la situación política favoreció el aumento de sus apetencias controladoras, amén de una considerable fuente de ingresos económicos. Así, el dictador fue considerado, no sólo caudillo salvador de la patria, sino restaurador y fortalecedor de la monarquía cristiana.

LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO, UNA PRIORIDAD QUE NO LLEGÓ A CRISTALIZAR

El mundo de la enseñanza fue uno de los pilares de la propuesta de regeneración social del régimen dictatorial y como consecuencia, la lucha contra el analfabetismo constituyó una seria preocupación, pues las altas tasas de analfabetismo existentes no podían permitirse en el nuevo país que el nuevo régimen pretendía conseguir, y contra las que los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX habían luchado sin conseguir acabar con ellas.

Hay que reconocer al régimen que, en un principio, demostró su buena disposición para la creación de nuevas escuelas, dada la gran necesidad de puestos escolares. Nació el proyecto de creación de grupos escolares “Marqués de Estella”, llegando a crearse, en tres años, dos mil ochocientas escuelas que llevaban el nombre de Primo de Rivera, y los presupuestos de Enseñanza Primaria para el 1927 registraron la necesidad de veintitrés mil nuevos maestros, para que cada grupo de sesenta niños tuviera uno, habida cuenta de que España se encontraba a la cola de Europa en cuanto al porcentaje de maestros en relación a la población.

La escolarización entre 1920 y 1929 se elevó en un 23 %, pero el esfuerzo resultó quedarse corto, pues mientras que en muchos lugares de la geografía española surgieron nuevos centros escolares, había muchos otros en los que no se registraron las construcciones, miles de familias españolas tenían a sus hijos sin escolarizar, miles de escuelas sin el equipamiento necesario multitud de opositores durante meses esperando destino.

Las medidas adoptadas resultaron insuficientes. Mientras que en países como Francia, Alemania o Italia, la normativa de creación de escuelas fue acompañada del presupuesto para los ladrillos destinados a su construcción y la dotación de materiales necesarios, en España quedó todo en una declaración de buenas intenciones, El número de escuelas creadas se hallaba considerablemente por debajo de las necesidades reales, las que se edificaron carecían de equipamiento y materiales, y los maestros salidos de las escuelas normales permanecían a la espera de que les fuera concedida una escuela, mientras que la designación se retrasaba debido a la criba ideológica impuesta por la iglesia católica.

LA RELIGIÓN EN LA ENSEÑANZA

La educación, para Primo de Rivera, debía ser religiosa y patriótica.

Las autoridades civiles acataron las directrices de la jerarquía católica, incluyendo con carácter obligatorio la enseñanza de la religión en la escuela y en la enseñanza secundaria. Un decreto de 1924 ordenaba la destitución de cualquier maestro que enseñara a sus alumnos doctrinas ofensivas a la religión, y los gobernadores civiles enviaban circulares ordenando a enseñantes y alumnos a la asistencia a actos de culto y asistencia a misa los domingos, delegando en los alcaldes la vigilancia del cumplimiento de la orden.

Las solicitudes de creación de escuelas evangélicas fueron desatendidas y las iglesias católicas vieron aumentados sus ingresos en concepto de ayuda por atención de niños pobres, y se ejercieron restricciones contra centros educativos liberales, las escuelas Normales del Instituto Escuela y la Escuela Superior del Magisterio.

Los maestros se encontraban descontentos con sus retribuciones, considerablemente menores que las de otros funcionarios, habiendo quienes cobraban menos de cinco pesetas diarias en una época en la que el salario mínimo de los trabajadores industriales oscilaba entre las 6,50 y las 11 pesetas diarias y los braceros entre siete y diez pesetas. De allí viene el dicho “pasar más hambre que un maestro de escuela”.

En cuanto a la jubilación, mientras que era obligatoria para los demás funcionarios a los sesenta y nueve años, para los maestros no lo era hasta los setenta y dos.

Las reivindicaciones de los maestros iban en la línea de pedir un solo escalafón para todo el Magisterio, un sueldo equiparable al del resto de funcionarios, ayuda familiar por hijos y posibilidad de ascenso cada cuatro o cinco años. Muchas peticiones se centraban en la mejora de la situación ruinosa y antihigiénica en que se encontraban muchas escuelas.

En cuanto a la Enseñanza Secundaria, el gran acierto fue considerarla como nivel de transición para otros estudios, es decir, que el título de bachiller habilitaba para el acceso a los estudios universitarios.

La reforma de la Enseñanza Media planteaba un año de preparatorio, cuatro cursos para el bachillerato general, y dos años más, con especialidad de Ciencias o de Letras, para el bachillerato universitario, incluyendo la religión como enseñanza obligatoria, al contrario de lo estipulado en la reforma de 1903, donde aparecía como asignatura voluntaria. El bachillerato universitario debía ser impartido por los catedráticos de universidad, y no por los de instituto. Se impuso el texto único, al contrario de lo que estaba establecido hasta entonces, textos elaborados por los catedráticos de instituto que eran impuestos por ellos a sus alumnos.

De los 264 centros de bachillerato (204 privados y 60 públicos) de 1923, se pasó durante la dictadura a 384 (290 privados y 94 públicos). La reforma de la Enseñanza Secundaria suponía un considerable avance, que habría resultado un gran paso hacia la modernidad, si no hubiera sido por las prerrogativas de los centros religiosos, que mantuvieron en sus plantillas un gran número de profesores de baja cualificación profesional, mucho de ellos que incluso carecían de la titulación académica adecuada, lo que se traducía en el bajo nivel de instrucción del alumnado de estos centros.

También a los niveles universitarios llegó la preeminencia del poder de la iglesia, obteniendo las universidades católicas enormes privilegios en relación con las universidades públicas e imponiendo a éstas miembros del clero en los tribunales y propiciando las sanciones a aquellos catedráticos que se alejasen de la ortodoxia católica.

No fueron admitidas fácilmente estas reformas por parte del profesorado ni de los estudiantes, encontrando en la lucha estudiantil uno de sus mayores escollos el régimen dictatorial; quizás la mayor oposición registrada a Primo de Rivera fuera la del mundo universitario, y es que la cultura y la dictadura son dos conceptos que nunca han podido caminar hermanados. Por ello, los gobiernos totalitarios se han opuesto y se opondrán siempre a los intelectuales, porque el pensamiento de éstos supone la manera más eficaz de minar los cimientos de aquéllos.