Homenaje a la II República (I Parte)

Autor: Rufino Garrido Martínez,

Abril 2021.

Educación, mujer y Reforma Agraria,

Salud y República.

Mis compañeras y compañeros de la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de la Región de Murcia me han hecho el honor de poder rendir homenaje a los republicanos que trabajaron por el nuevo Estado y que defendieron a la II República hasta el último momento de su existencia, cuando se cumplen 90 años de su proclamación.

En otras circunstancias hablar de un aniversario en el que se cumplen 90 años de un acontecimiento, como ocurre con la proclamación de la II República, podría llevarnos a decir que es un hecho histórico que debe ser recogido en los libros de Historia y hablar de él ante los alumnos que estén cursando esa asignatura.

Sin embargo, de todos es conocido, al menos de los que nos interesamos por nuestra historia, de recuperar la historia verdadera de lo que ha ocurrido en este país de países, de esta nación de naciones a la que conocemos como España, que durante el pasado siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI nuestra historia ha sido tergiversada, manipulada, se han vertido mentiras sobre lo que ocurrió durante la existencia de la II República, la corta existencia de esa forma de Estado que los ciudadanos se otorgaron, aprovechando que por primera vez pudieron llamarse como tales y como tales ejercieron sus derechos.

Forma de Estado que por segunda vez se otorgaron con la esperanza de un cambio profundo en una sociedad que arrastraba problemas de todo tipo: injusticia social, pobreza enquistada en grandes zonas de su territorio, analfabetismo, dentro de una sociedad con raíces profundas en el patriarcado, dominada por los grandes oligarcas,  latifundistas, terratenientes, la llamada nobleza crecida alrededor de una monarquía caduca y corrupta, el caciquismo presente en cada pueblo, en cada comarca, así como por la iglesia católica y sus dogmas.  Todos estos grupos con un poder omnímodo en todas sus zonas o ámbitos de influencia, mediatizaban y controlaban a unas instituciones públicas en las que imperaba la corrupción de forma sistemática tanto en las instituciones civiles como en las militares.

Instituciones militares que habían sido protegidas de cualquier intervención o control sobre su entramado de corrupción por una Dictadura proclamada por el General Primo de Rivera en el año 1923, seguida por un breve período en el año 1930 y principios de 1931, conocido como la “Dictablanda”,  en el que el Gobierno de la nación pasó a ser ostentado por el General Berenguer y por el Almirante Juan Bautista Aznar por designación de Alfonso XIII, en un intento de éste por volver a una vía constitucional que él mismo dio por abolida cuando consintió y dio por bueno el Golpe de Estado de 1923 por el General Primo de Rivera.

Como decía, después de esta introducción histórica sobre el período previo a la proclamación de la II República, los problemas que tuvo que afrontar el nuevo Estado republicano no surgieron durante su breve existencia entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, y en  los territorios que no cayeron en poder de los golpistas hasta la finalización de la Guerra Civil, hasta el 29 de marzo de 1939.

Los problemas tanto económicos como sociales eran enormes, pero las nuevas autoridades y la población, los nuevos ciudadanos y ciudadanas, los enfrentaron con mucha ilusión y esperanza en un futuro que se proclamaba brillante tanto en las ciudades, en las que se impuso de manera clara el republicanismo, como en las zonas rurales para aquellos que nunca habían tenido más que sus manos y sus cuerpos como valores propios, una masa ingente de campesinos que dependían de la voluntad de los grandes terratenientes, de los latifundistas y de los caciques de cada pueblo para poder trabajar y, en lo posible, no pasar hambre.

Una población en la que el analfabetismo en el año 1931 llegaba hasta el 44,3%, con mayor incidencia en la población rural. Esa cifra en España, mientras que en la provincia de Murcia la tasa de analfabetismo neto en 1930 estaba en torno al 50 % del total de población provincial, con profundas diferencias entre hombres y mujeres.

Una Educación laica, mixta y obligatoria.

Frente a esta situación el primer gobierno provisional de la II Republica estableció, el 23 de mayo de 1931,  un plan quinquenal que hubiera supuesto la construcción de 27000 escuelas (el reto más importante del nuevo Estado, con el que se intentó conseguir una educación laica, mixta y obligatoria) para escolarizar al millón de niños que no asistían a la escuela porque ésta no existía en donde residían. La creación se haría durante cinco años, como queda dicho, y así el primer año se crearían 7000 escuelas y en los cuatro años siguientes 5000 escuelas cada año. La previsión económica para este proyecto era de 400 millones de pesetas, 80 millones de pesetas anuales.

De igual forma el 29 de mayo de 1931 se publica el Decreto que regulaba la extensión de la Educación de Adultos a todo el territorio nacional a través de la Misiones Pedagógicas.

Es cierto que finalmente no pudieron construirse todas las escuelas previstas debido en parte a la recesión económica que sufría España debido al Crack del año 1929 y a la paralización de los proyectos sociales de los primeros gobiernos de la izquierda republicana durante el llamado Bienio Negro, durante el cual ocupó el gobierno de la República la derecha republicana encabezada por la CEDA, entre el 19 de noviembre de 1933 y el 16 de febrero de 1936.

No obstante, como dato sobre el interés de los gobiernos de la izquierda republicana por la Educación baste decir que durante la Guerra Civil se invirtió la cantidad de 20 millones de pesetas frente a los escasos 8 millones que se invirtieron durante el último período del reinado de Alfonso XIII.

Gracias al interés del primer gobierno de la República por la extensión de la escolarización y de la alfabetización se legisló en favor de una educación laica, mixta y obligatoria con la que se logró alcanzar objetivos más que satisfactorios. La cifra de escolarización de niños de edades comprendidas entre los 5 a los 14 años pasó del 55,8% en 1930 al 69% en 1935. Especialmente positivos fueron los datos referidos a la población femenina, donde se obtuvo la tasa más alta de escolarización jamás conseguida hasta entonces con un 66,4% de niñas asistiendo a clase en 1934.

Son datos contrastados, que nos llevan a los otros proyectos sociales de la II República:

La igualdad de derechos de la mujer:

El 9 de diciembre del año 1931, el Congreso de la II República aprobó su Constitución, un texto legal avanzado que concedía a la ciudadanía un amplio catálogo de derechos civiles inéditos hasta ese momento.

En su artículo 2 proclamaba la igualdad de todos los españoles ante la ley y en el artículo 25, que cita expresamente la igualdad de todas las personas independientemente de su sexo, se establecía: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios”.

A partir de la igualdad proclamada en los artículos 2 y 25, la II República desarrolla una legislación que va a dotar a las mujeres de una posición de igualdad legal que nunca antes había alcanzado y que dará lugar a que la mujer ocupe espacios de poder reservados hasta ese momento exclusivamente a los hombres.

En las primeras elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 fueron elegidas, a través del sufragio pasivo (mujeres elegibles, aunque aún no electoras), las tres primeras diputadas electas de la historia de este país: Clara Campoamor, Victoria Kent ─(que fue nombrada directora general de Prisiones), y Margarita Nelken.

Durante estas Cortes Constituyentes y antes incluso de aprobarse la constitución, tras un intenso debate en la Cámara y la gran defensa de Clara Campoamor, se aprobó el 1 de octubre de 1931, el derecho al sufragio femenino que pudieron ejercer las mujeres por primera vez en las elecciones generales del 1933.

El 11 de marzo de 1932 era promulgada la primera Ley del Divorcio en España, que se reconocía en el art. 43 de la Constitución republicana, junto a la igualdad de derechos del hombre y la mujer dentro del matrimonio: “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges”.

En este mismo artículo también se les reconocía igualdad de derechos a los hijos habidos dentro o fuera de un matrimonio, lo que ofrecía amparo a las madres solteras.

También se le reconoció a la mujer igualdad en derechos laborales e igualdad en el  acceso a empleos y cargos públicos; concretamente, el artículo 46 de la Constitución del 31 asegura a todo trabajador, hombre o mujer, la regulación de “los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas;…”; lo que obligó a prohibir las cláusulas de despido por maternidad o matrimonio.

En 1937, ya en plena Guerra Civil, por iniciativa de la ministra de Sanidad, Federica Montseny ─la primera mujer en la historia de España que ocupó una cartera ministerial─, se aprobó la primera Ley del Aborto que llegó a aplicarse en Catalunya.

Tristemente, todos estos logros, todo este camino hacia la igualdad se vio truncado en 1939 con el triunfo del fascismo golpista en la Guerra Civil. Pasarían muchos años hasta poder recuperar derechos básicos como el derecho al voto libre y al sufragio por parte de las mujeres hasta la celebración de las Elecciones de 15 de junio de 1977, o como el derecho al Divorcio en 1981,  o recuperar el derecho al aborto en el año 1985.

La reforma agraria:

La Ley de Reforma Agraria de España de 1932, promulgada el 9 de septiembre, fue otro de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República porque pretendía resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España pues junto a los latifundios,  propiedad de unos miles de familias, casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. El método que finalmente se escogió para resolver el problema fue la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.

En 1930 la población activa del sector primario era por primera vez en su historia inferior al 50%, pero aún representaba el 45,5%, por lo que la tierra seguía siendo la fuente principal de la riqueza nacional y el control de ésta es lo que determinaba la posición social de la mayoría de la población.

Para solucionar la difícil situación de los jornaleros desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas en los llamados «Decretos agrarios» de Largo Caballero:

• Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las tierras.

• Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales.
• Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.
• Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación para evitar que los terratenientes boicotearan a la República dejando las tierras sin cultivar.

La Ley de Bases de la Reforma Agraria fue aprobada el 9 de septiembre de 1932. Previamente una Ley de 24 de agosto había expropiado sin indemnización las tierras cultivadas propiedad de los antiguos grandes de España, grandes propietarios de tierras, acusados de haber financiado la Sanjurjada (el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932,  que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley). Se trataba de más de medio millón de hectáreas, hasta entonces propiedad de sólo 65 aristócratas.

Como dijo el ministro de Agricultura, el radical socialista Marcelino Domingo, en una intervención en las Cortes a favor del proyecto que él mismo había presentado (el 24 de marzo de 1932), la reforma agraria tenía «tres finalidades principales: primera, evitar el paro obrero en el campo [mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas]; segunda, distribuir la tierra [expropiando las grandes fincas «señoriales» y los latifundios en manos de propietarios absentistas]; tercera, racionalizar la economía agraria [disminuyendo el crecimiento de la superficie cerealista y devolviendo a los núcleos rurales sus antiguos bienes comunales, perdidos con las desamortizaciones del siglo XIX».

A pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 sólo se habían ocupado 145.000 ha, repartidas entre unos 16.600 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. Y en este mismo año el proceso quedó paralizado por la llegada de la CEDA al poder.

Las razones de este fracaso en la aplicación de la ley fueron varias, pero básicamente fue debido a unas razones muy concretas: el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos claramente insuficientes, dado que contaba con un presupuesto anual de 50 millones de pesetas, a lo que se sumó la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma a través del IRA.

La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza. La medida afectó a 1.500 fincas en 9 provincias (unas 125.000 hectáreas) y dio trabajo a 40.108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro.

Los Gobiernos de Lerroux no suspendieron totalmente la aplicación de la reforma agraria. En los primeros nueve meses de 1934, con el Ministro de Agricultura Cirilo del Río, se asentaron 6.269 campesinos en 81.558 hectáreas, de las que 71.149 fueron expropiadas y 10.409 ocupadas temporalmente.

Tras la remodelación en abril de 1935 del gobierno radical-cedista presidido por Lerroux, el nuevo ministro de Agricultura Nicasio Velayos Velayos, miembro del Partido Agrario y gran propietario, presentó a las Cortes la Ley para la Reforma Agraria, que fue aprobada el 1 de agosto de 1935, y que supuso la congelación definitiva de la reforma.

La derogación definitiva de la Ley de Reforma Agraria de 1932 se produjo en la zona bajo el control de los golpistas sublevados durante la Guerra Civil Española y en toda España tras la victoria franquista.