LA PERMANENCIA DEL MONUMENTO FALANGISTA EN EL PUERTO DE LA CADENA  COMO INSULTO A LA INTELIGENCIA Y A LA SENSIBILIDAD DEMOCRÁTICA

LA PERMANENCIA DEL MONUMENTO FALANGISTA EN EL PUERTO DE LA CADENA  COMO INSULTO A LA INTELIGENCIA Y A LA SENSIBILIDAD DEMOCRÁTICA

Entre los Kilómetros 153 y 154 de la Autovía A-30 que une Cartagena con Murcia, nuestra Región sigue homenajeando el período más triste, gris y sanguinario por el que pasó España en el siglo XX.  A la vista de todos y todas, en una propiedad del Grupo Fuertes, grupo empresarial al que pertenece la empresa  El Pozo, se eleva la figura de un ángel blanco con los brazos abiertos sujetado a un yugo y unas flechas (símbolo del primer partido fascista en España,  Falange española) en forma de cruz, como símbolo del nacionalcatolicismo (conjunción de Iglesia y Movimiento Nacional),  base de la dictadura franquista.

 

 

(Los coches que circulan por la autovía en sentido Cartagena-Murcia no tienen obstáculo alguno para divisar perfectamente el monumento fascista de 7 metros de alto, al pasar a pocos metros de distancia del mismo)

 

 

El asesinato de un joven falangista en agosto del 36, sirvió de excusa para que tras el fin de la contienda española del 36 al 39, durante algunos años (al menos desde 1963 hasta 1976, según registros de la hemeroteca municipal de Murcia) se hiciera un despliegue de todas las fuerzas vivas fascistas de la Región para hacer notar públicamente toda su parafernalia exhibicionista: misa de campaña, revista a las centurias, grandes discursos de exaltación a la Patria y a  Falange, con alusiones efusivas a su líder, Jose Antonio (el que dijo que si no se puede convencer con las palabras habría que hacerlo con las pistolas), el saludo romano-fascista del brazo en alto, cánticos con el imprescindible “cara al sol”, entre otras manifestaciones que recuerdan a su “victoria”. “Constituyó una clara demostración de auténtica fe en la Falange, en el Caudillo y en los destinos de España…”, así se redactó una frase de un artículo  el Línea -periódico del Movimiento en Murcia- el 9 de febrero de 1965 en su página 20.

Personajes como los gobernadores civiles y, por tanto, jefes provinciales del Movimiento (Soler Bans, Nicolás de la Peñas, Izarra Rodríguez, Oltra Moltó), otros jefes del Movimiento (Muñoz Calero, Carlos Pinilla, Rodríguez de Valcárcel, Campmany y Díez de Revenga), capitanes generales del departamento marítimo de Cartagena, mandos de la Guardia de Franco (organización paramilitar de la vieja guardia falangista), las juventudes de Falange (OJE), y otros mandos y autoridades (como el alcalde de Cartagena Trillo Figueroa) han pasado por estas manifestaciones de adhesión y exaltación del Régimen franquista en el lugar mencionado.

Sin embargo, el monumento de 7 metros de altura, que todavía se presta desafiante ante las miradas, muchas de ellas incrédulas ante lo que están viendo, en ese lugar privilegiado para la exposición grosera de su  imagen y por su lúgubre significado, fue inaugurado en febrero de 1970, en el tardofranquismo, quizás preparándose para lo que ya se iba intuyendo que iba venir y como queriendo dejar huella permanente de ese régimen en decadencia cuyo final estaba cerca.

Todavía quedarían algunos años más para la realización de esta espectral y tosca demostración hasta el año 1976, excepto el año 1974 porque el tradicional acto coincidía con la toma de posesión de los nuevos consejeros locales en toda la provincia. Esto último da testimonio de que no se trataba de un simple homenaje a una persona víctima de la contienda, sino de una demostración de fuerza, de victoria, de amenaza, de terror de un régimen que no permitía nada más que una manera de pensar, un solo dios verdadero, una sola manera de amar y de entender la vida.

Pero cada vez el entusiasmo fascista se iba consumiendo más y más, y en el año 1977, año de las primeras elecciones democráticas en España, la cosa  cambió, había que dar otra imagen y ya no era procedente esas exhibiciones grandiosas de un régimen que ya no estaba de moda, pero el monumento siguió allí y sigue allí.

Hay que decir que Manuel Bruquetas tenía derecho a un reconocimiento digno y lo tuvo, que su familia pudo enterrarlo donde quiso y pudo llevar las flores que quiso también al lugar donde estaba su familiar querido. Un hombre que fue asesinado en los primeros meses de la guerra, meses en los que se cometieron auténticas barbaridades por uno y otro lado, como consecuencia de un golpe de estado, fallido en un principio, dado por desafectos al régimen democrático de la República, la Falange entre ellos, al que estaba afiliado Manuel,  que provocó la guerra y desmanteló las fuerzas de seguridad del Estado, motivo por el que en la retaguardia republicana se produjo la gran mayoría de muertes fuera de  control en los seis primeros meses de la guerra, hasta que se restableció el Sistema de Seguridad del Estado. Pero las familias de la gran mayoría de muertos y muertas por la represión franquista, tanto en guerra como después de la Victoria -nada que ver con esa “paz” tan pregonada-, no tuvieron la misma suerte que tuvo la de Manuel, las familias de 1800 personas asesinadas en Murcia después de la guerra (800 de ellas fusiladas)  todavía están esperando, al menos, un reconocimiento digno.

La Ley 20/2022 de Memoria democrática es muy clara en su artículo 35 en cuanto a la retirada de los vestigios franquistas de la visibilidad pública. Y este monumento a la ignominia la incumple de una manera flagrante. Sería suficiente con citar o argumentar el contenido de ese artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para su retirada, pero consideramos que tiene más peso aún exigirla desde la dignidad del pueblo de Murcia y por extensión del pueblo español, que se vería reforzada con la desaparición de la visión pública de estos elementos, cuya presencia sólo pueden sugerir homenajes a un período de nuestra historia que ofreció demasiada penuria y dolor para la mayoría de la población murciana y española.

La Secretaría de Estado y la Dirección General de Memoria Democrática deben de actuar de oficio, en caso de que  el Grupo Fuertes-El Pozo no cumplan con la Ley voluntariamente, retirando este sinsentido para un país que se dice democrático.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2024.

 

 

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