Consulta estatal popular Monarquía-República

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

15 de mayo de 2022.

Desde Felipe V a Alfonso XIII

Los Borbones, que llevan reinando en España, con breves intervalos históricos, desde 1700, han venido dando muestras de una corrupción que, en mi opinión, es estructural. Porque si nos remontamos a sus inicios, extinguida la dinastía de la Casa de Austria (los Habsburgo) con la muerte sin descendencia del último vástago, Carlos II ‘el Hechizado’, los intereses dinásticos de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y futuro Felipe V, prevalecieron sobre el bienestar del pueblo español y estuvieron en el origen de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, que tuvo un carácter europeo.

Con los Decretos de la Nueva Planta, promulgados entre 1707 y 1716 por Felipe V de Borbón, (1701-1715), quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón, el 29 de junio de 1707; del Reino de Mallorca, el 28 de noviembre de 1715, y del Principado de Cataluña, el 16 de enero de 1716. Todos ellos integrantes de la Corona de Aragón, que se habían decantado por el archiduque Carlos, poniendo fin así a la estructura compuesta de la Monarquía Hispánica de los Austrias. Estos decretos también fueron aplicados a la organización jurídica y administrativa de la Corona de Castilla e imitaron el modelo centralista francés.

Mediante los Pactos de Familia, los destinos de la monarquía española irán unidos a partir de ahora a la política francesa, con hechos dramáticos como la derrota de Trafalgar (1805), o tan vergonzosos como el Tratado de Fontainebleau (1807), firmado por Napoleón y Godoy, ministro de Carlos IV y ‘favorito’ de la Reina, María Luisa de Parma, por el que se permitía a las tropas francesas cruzar el territorio español para la ocupación de Portugal, aliado de Inglaterra, con las consecuencias conocidas.

No menos vergonzosos son el motín de Aranjuez, con la destitución de Godoy, la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, comunicando la situación a Napoleón y pidiéndole ayuda para recuperar el trono; el secuestro por Napoléon de la familia real en Bayona; el paso de la Corona del hijo al padre y su entrega a Napoléon, que la depositó en su hermano José I

Tras la Guerra de la Independencia, por el Tratado de Valençay (1813), Napoleón devolvía la Corona a Fernando VII. Éste, contrario a las ideas liberales, ordenó al general Eguía que marchara a Madrid a detener a diputados y regentes. Fue su estreno en su labor represiva, que encontraría su punto álgido en la ‘década ominosa’ (1823-1833).

Otro ejemplo de la prevalencia de los intereses personales y dinásticos sobre el bienestar del pueblo son las guerras carlistas, que, en tres ocasiones y a lo largo del siglo XIX, ensangrentaron los campos de España.

LOS BORBONES, COMISIONISTAS. Pero si en algo han destacado los Borbones ha sido, sin duda, como comisionistas. Fernando VII, para atajar la rebelión de las colonias americanas, decidió que había que mejorar la Marina. Compró varias unidades de la flota del zar ruso Alejandro I. Pero, al llegar a Cádiz, se vio que muchos de los buques eran inservibles para cruzar el Atlántico. El rey, por supuesto, no devolvió al Estado sus comisiones.

El tráfico de esclavos fue otro de los nichos de negocio del que se lucraron los Borbones. Las grandes haciendas cubanas utilizaban mano de obra esclava y ahí ganaron mucho dinero los grandes burgueses en el siglo XIX, principalmente familias vascas y catalanas. Los Borbones españoles dieron continuidad al negocio hasta 1886. Fernando VII cobró importantes cantidades de dinero. Su viuda, María Cristina de Borbón, estableció una cuota por cada esclavo que llegaba a Cuba, que percibía ella directamente. El modelo de negocio creado por la Regente era un triángulo formado por la familia real, armadores catalanes y vascos y las oligarquías coloniales en Cuba.

Este sistema fue mantenido por su hija Isabel II. La reina que alardeaba de ser iletrada, amparaba desde el trono, y con la anuencia del algunos de sus espadones, el monumental desaguisado financiero procurado por su madre junto a su segundo esposo, el duque de Riansares. El barrio más elegante y exquisito de Madrid da nombre al ministro más corrupto e inmoral de Isabel II, el malagueño marqués de Salamanca. Los problemas financieros y la corrupción generalizada están en el origen de la revolución de ‘La Gloriosa’ y la huida de España de la reina en 1868.

De su hijo Alfonso XII, con un breve reinado (1875-1885), pues murió de tisis a la edad de 28 años, poco puede destacarse. Su hijo, sin embargo, sí merece ocupar un lugar en el ‘cuadro de honor’ de la corrupción en nuestro país.

EL NGOCIO DE LA GUERRA. El rey Alfonso XIII se benefició de la guerra de Marruecos por partida doble: fue socio de los grandes empresarios que se beneficiaban de la explotación de las minas del Rif y cobró elevadas comisiones de los equipamientos comprados para el Ejército. Se empeñó en que el Ejército interviniera en la construcción de una línea de ferrocarril hasta Melilla para facilitar el transporte de fosfatos y hierro, lo que provocó una guerra que terminó con el Desastre de Annual (1921), que dejó más de 20.000 soldados de reemplazo muertos. Los hijos de la burguesía se libraron de aquella carnicería previo pago por sus progenitores de 1.000 pesetas, mucho dinero para la época. Esta guerra costó a España más de 5.000 millones de pesetas. Una buena parte de ese dinero acabó en las cuentas en Suiza de Alfonso XIII.

El Informe Picasso, que trataba de dilucidar la responsabilidad directa del monarca en la derrota de Annual, quedó suspendido con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923. El diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de la II República contiene las acusaciones al monarca de alta traición por aquella guerra, y de la Comisión de Responsabilidades por su implicación en el golpe de Estado de septiembre de 1923. Por otro lado, su papel, desde el exilio, en la conspiración monárquica contra la II República es bien conocido, como lo documenta Ángel Viñas.

Hay que saber, además, que Alfonso XIII tuvo intereses en empresas que gestionaban servicios públicos, como el Metro o la Transmediterránea, y participación en el sistema de apuestas de las carreras de galgos. Una buena escuela de aprendizaje para su nieto, Juan Carlos I, hoy ‘emérito’, de cuyas trapacerías, por conocidas, omito hablar, no sin antes recordar que su ‘buen hacer’ comisionista le ha permitido amasar una notable fortuna, calculada en 2.000 millones de euros.

El infame emérito

MOTIVOS PARA UNA CONSULTA POPULAR NO VINCULANTE. He rastreado, sintéticamente, la trayectoria de la Casa de Borbón en España intentando demostrar que, como digo arriba, ha venido siendo una institución ‘estructuralmente’ corrupta. A mayor abundamiento, a la situación de debilidad del Régimen surgido de la Constitución de 1978, con el auge preocupante de la extrema derecha, salpicado por la corrupción y actividades ilícitas de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus y la actuación del CNI son una muestra, se une, pues, un claro cuestionamiento de la Monarquía, con menos apoyos cada día, a pesar que los partidos dinásticos (PP-PSOE), con la aprobación reciente de un real decreto, han procedido a un ‘lavado de imagen’ de la institución.

Por eso, varios colectivos en el ámbito del Estado se han puesto manos a la obra para hacer algo a lo que no se atreve el CIS: sondear la opinión del pueblo español sobre sus preferencias monárquicas o republicanas. En el comunicado emitido por la Plataforma estatal organizadora de dicha consulta se recuerda que “la mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978; pero quien sí pudo hacerlo, no tuvo la opción de elegir sobre la forma de Estado, ya que fue hurtado del debate en la llamada Transición democrática. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir”, razón por la que numerosas organizaciones y colectivos han constituido una Plataforma unitaria, amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal Monarquía o República y que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones. Las personas que organizan dicha consulta afirman ser conscientes de que no tendrá un carácter vinculante, pero que, sin embargo, “es una vía de expresión, participación ciudadana y un acto democrático”.

En la consulta del 14 de mayo los datos regionales de la consulta popular estatal Monarquía-República han sido los siguientes:

Votos a la República: 1567
Votos a la Monarquía: 136
Votos en blanco:. 8
Votos nulos:. 1
Porcentaje de apoyo a República: 91,5% .

Y los datos estatales:

Votos a la República: 76.106 (93,25%),

Votos a la Monarquía: 4.731

Votos en blanco y nulos: 780.

Porcentaje de apoyo a la República (93,25%)

Evidentemente, frente a lo improvisado y precipitado de esta consulta, los resultados no pueden demostrar nada más que una cosa, el que ya se empieza a vislumbrar una tendencia favorable a la Republica en determinados sectores de la población.

Sería muy interesante que el CIS se decidiera a dar el paso de la consulta. Es posible que algunos se llevaran una sorpresa.

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