Antón Jara Sánchez, nació en la pedanía de Santa Cruz en 1904 en el seno de una familia humilde, trabajando desde temprana edad como jornalero. Su compromiso con el régimen democrático de la Segunda República le confirió la responsabilidad de Delegado Gubernativo del Frente Popular, Alcalde, Presidente de UGT, Presidente de la Casa del Pueblo y del Consejo de Administración de fincas incautadas. Fue acusado por el delegado de Falange Española de dicho pueblo de participar en cuatro asesinatos, profanar la ermita de la pedanía e incautar fincas agrícolas y objetos de culto. Pese a que su participación en tales hechos fueron desmentidos por familiares de las víctimas y testigos presenciales, lo encarcelaron en la prisión de Las Agustinas. Tras ser procesado por el Tribunal Militar nº 1 de Murcia, fue condenado a la pena de muerte en Consejo de Guerra celebrado en Murcia el 15 de marzo de 1943 siendo acusado de Auxilio a la Rebelión. Previo traslado a la prisión Provincial de Murcia, fue ejecutado el 4 de mayo de 1943 en las tapias del cementerio municipal de Nuestro Padre Jesús de Espinardo depositando sus restos en la fosa común extramuros. Dejó viuda y tres huérfanos.
https://www.fosasmemoriahistoricamurcia.com/personas/antonio-jara-sanchez/
https://www.fosasmemoriahistoricamurcia.com/personas/manuel-jara-sanchez/
Fuente: Lola Jara, nieta del represaliado.
Además de su afiliación a la UGT también estuvo en las filas del Partido Comunista desde el 1 de enero de 1938.
Como dato a señalar, es relevante apuntar que, el mismo día que fusilaron a Antón, fusilaron también a su hermano Manuel , junto a diez personas más, siendo una de las ejecuciones más numerosas que se dieron en Murcia.
La doble moral del régimen franquista: primero los ejecuta, privando a su familia del sustento necesario, y después, previo informe del cura y del alcalde, les concede a las esposas, que son pobres de solemnidad, la pequeña pensión a los hijos como huérfanos de la guerra (una de tantas hipocresías franquistas porque no fueron muertos en acción de guerra, fueron asesinados una vez terminada la contienda, después de la victoria, no de la paz).
El terror impuesto por el régimen impregnó de tal miedo a la población que muy pocos se atrevieron a dar la cara por sus vecinos. Aún así varios vecinos, de «orden y afectos a la causa nacional», firmaron un aval sobre los dos hermanos que el auditor de guerra no estimó porque, según su criterio, entraba en contradicción con los hechos probados en la sentencia, solicitando, por tanto, al gobernador civil se les impusieran las sanciones pertinentes.
Fuente: Vicente Juan Medrano Salamanca, investigador.
