Son las muertes habidas en el desarrollo de la guerra y durante el franquismo, sin que mediara la actuación de los tribunales de Justicia. En el desarrollo de la guerra, en las zonas por las que iba avanzando el ejército franquista, inicialmente por Andalucía y Extremadura, se procedió a ejecutar, con grupos de personal voluntario reclutados por terratenientes y por falangistas, a personas defensoras de la legalidad republicana, según nos ilustra Ángel Viñas en ‘¿Quién quiso la Guerra Civil?’ Historia de una conspiración’.
Después de la guerra, a las sentencias de muerte dictadas por tribunales de dudosa legalidad (se calcula que las ejecuciones superan las 50.000) hay que sumar también las muertes que, en muchos casos, cuentan hoy como desapariciones forzadas, y cuyas víctimas ocupan todavía las cunetas de las carreteras y descampados de todo el país.
En la Audiencia Nacional hay registradas unas 134.000 denuncias en ese sentido, y hay no menos de 2.500 fosas comunes pendientes de exhumación.